Arbitration in Transport. The Spanish Model

(the following text is published in its original form, in Spanish language)

El arbitraje en el transporte. El caso español

I. UTILIDAD DEL SISTEMA ARBITRAL EN GENERAL

El arbitraje, como vía privada para solución de conflictos alternativa a la pública o jurisdiccional (tribunales de justicia), es muy recomendable y cada vez más conocido y usado por las empresas -que así lo acuerdan voluntariamente, para caso de posibles desavenencias, mediante una cláusula "ad hoc" en sus contratos-, por tener, respecto a la justicia ordinaria, muchas ventajas y pocos inconvenientes. Veamos cuáles son:

1. Ventajas

a) Especialización de los árbitros - Es lo más importante, pues los jueces (incluso en los Tribunales dedicados sólo a lo Mercantil, en los países donde existen) se ocupan de un conjunto de materias demasiado amplio y puede suceder que tenga que decidir un juez que estudie un caso de transporte por primera vez en su carrera profesional. Esto no sucede con el arbitraje, en el cual los árbitros son designados como expertos y por su conocimiento específico de una materia, por ejemplo el transporte. Así, no sería necesario explicar el significado de algunas expresiones técnicas (por ejemplo, las que atribuyen el pago del precio del transporte o el Derecho Especial de Giro del FMI como unidad de cuenta para cálculo de indemnizaciones), el concepto y uso de documentos (por ejemplo, la carta de porte CMR-, etc.). Los contratantes confían en los árbitros por ese saber y también por su integridad personal o conducta irreprochable que garantizan su imparcialidad.

b) Rapidez - La decisión tarda mucho menos (quizá la cuarta parte) que si se lleva el asunto ante los tribunales de justicia ordinarios, que están habitualmente sobrecargados de trabajo, y esta rapidez es debida también a que en el arbitraje el proceso es bastante más simple y flexible, y menos formalista, que en la vía jurisdiccional.

c) Confidencialidad - En los procesos judiciales las audiencias y vistas orales son públicas (cualquiera puede entrar a la sala y presenciarlas -a veces lo hace también la prensa y otros medios de comunicación-) y terminan en una decisión llamada "sentencia", que es un documento público (su contenido está al alcance cualquiera; hay editoriales que las publican, como jurisprudencia, incluyendo el nombre completo de los litigantes -en el sistema anglosajón la referencia a este nombre es la manera habitual de identificar las sentencias). Pero el conocimiento público de la existencia de conflictos no siempre es deseado por las empresas -de transporte o cualquier otra actividad- por afectar negativamente a su imagen. Y eso se evita al emitir la decisión en forma de laudo, como sucede en el arbitraje-, el cual no es publicado, sino que se comunica sólo a los litigantes, con lo que se logra una gran discreción.

d) Baja tensión - Una sentencia habitualmente supone el final de un enfrentamiento muy duro y lleno de agresividad, durante el proceso judicial, entre las empresas en conflicto y la ruptura de cualquier relación entre ellas. Por el contrario, siendo el proceso arbitral más amistoso y menos traumático, éste y el laudo resultante suelen conllevar menos tensión y permiten continuar la colaboración en el futuro entre esas empresas. Por eso su símbolo suele ser el apretón de manos.

e) Economía - Porque intervienen menos profesionales. Ante el árbitro o los árbitros, muchas veces los litigantes acuden por sí mismos, mientras que en los procesos judiciales intervienen más profesionales. En el caso de España, en los procesos judiciales, además del "abogado", que defiende a una empresa, interviene obligatoriamente por ley el "procurador", que simplemente la representa ante la Administración de Justicia. Por supuesto, el abogado y el procurador, en cada litigio, actúan coordinadamente, en equipo y con el objetivo único de ganar el proceso para su cliente común. También es cierto que los honorarios (precio del servicio) del procurador son muy inferiores a los del abogado, pues es éste segundo quien tiene que estudiar el asunto y diseñar los argumentos de ataque o defensa. Pero la empresa tiene que pagar honorarios a esos dos profesionales, lo cual no sucede en el arbitraje. Después diremos algo más respecto a España en cuanto a precio del arbitraje, en el cual no hay condena en "costas" y en realidad tampoco es imprescindible el abogado, aunque sí bastante habitual.

Las decisiones arbitrales son ejecutables también en otros países, conforme al Convenio internacional sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, aprobado en Nueva York el 10 Junio 1958 (del que tanto Rumania como España son parte).

2. Inconvenientes

Entre los inconvenientes, el único que nos parece importante es la imposibilidad de apelación. Las "sentencias" dictadas por los jueces de primera instancia (o en España, para asuntos de transporte, Jueces de lo Mercantil) si no satisfacen a uno de los litigantes, pueden ser recurridas en "apelación" ante la segunda instancia (en España, Audiencias Provinciales) que entran en el fondo o sustancia del asunto y pueden confirmar o revocar esa sentencia. Por el contrario, para los "laudos" arbitrales está previsto sólo una posible acción llamada "de anulación", ante los Tribunales de justicia, por infracción de forma o procedimiento, por ejemplo, estar el tribunal arbitral mal constituido, no haber notificado correctamente a los litigantes los trámites del proceso, haber infringido alguna regla sobre competencia, haber excedido el plazo para emitir el laudo, haber decidido sobre cuestiones no planteadas por las partes, etc. O sea, el Tribunal jurisdiccional no entra a conocer la cuestión objeto del litigio en sí misma y si la decisión ha sido correcta o equivocada (si el reclamante lleva o no razón en cuanto a la deuda, etc.), sino sólo la manera en que los árbitros han actuado. Claro que esto puede ser un inconveniente... o una ventaja, para el ganador del laudo.

II. EL ARBITRAJE PARA TRANSPORTE POR CARRETERA EN ESPAÑA

1. Marco legal

La existencia en España de arbitraje institucional en materia de transporte por carretera, con buena aceptación social, demuestra el éxito del arbitraje en este ámbito de actividad, aunque también advierte sobre la dificultad de aplicar en mi país -de "exportar" a España- el sistema de arbitraje diseñado por ARTRI, al menos en conflictos de pequeña cuantía.

El sistema de arbitraje, en general, se usa para solucionar cualquier conflicto de carácter comercial, entre ellos los relacionados con el transporte. No tanto en transporte marítimo, en que suele pactarse realizar el arbitraje en Londres, por establecimientos como por ejemplo Lloyd`s. Pero sí en transporte por carretera.

Su regulación, que era antigua, fue modernizada por Ley 36/1988 de 5 Diciembre, sustituida por la hoy vigente Ley 60/2003 de 23 Diciembre.

Sin embargo, existe una institución oficial concreta para aplicar el sistema de arbitraje al ámbito específico del transporte: son las denominadas "Juntas Arbitrales del Transporte" -en lo sucesivo, sólo "JAT" para abreviar-. Que están para solucionar conflictos en transporte de viajeros o mercancías, nacional o internacional; también en contratos de transporte multimodal siempre que uno de los modos utilizados sea terrestre; y también si el conflicto es con una empresa de intermediación del transporte, por ejemplo un transitario.

Hay una JAT por cada una de las 50 provincias en que administrativamente se divide España, y algunas más en ciertas poblaciones de gran importancia industrial. En total, 55 JAT.

El arbitraje de las JAT siempre es "de derecho" (nunca "de equidad"). Las JAT no pueden aplicar otra Ley distinta de la española cuando el transporte es nacional (los litigantes no pueden pedirles que lo hagan y de hecho no se lo piden, y si se lo pidieran, tendrían que denegarlo). Si el transporte motivo del conflicto es internacional, aplicarán el Convenio CMR. No aplican reglas internacionales sobre arbitraje, como las aprobadas por UNCITRAL (New York) o ICC (Paris).

2. Composición de las JAT

La composición de las Juntas es mixta, compuesta por número impar de miembros. Su Presidente es un alto Funcionario Público, licenciado en Derecho, nombrado por la Comunidad Autónoma (gobierno de cada Región) donde se encuentre ubicada la Junta. Sus miembros son representantes de los transportistas y de los usuarios, o de los intermediarios (transitarios, etc.), designados por sus respectivas Asociaciones. También cuentan con un Secretario, designado por la misma Administración Pública que nombró al Presidente.

3. Competencia de las JAT por razón del objeto del litigio

Las JAT intervienen casi siempre en caso de conflictos derivados del contrato de transporte, en los términos ya explicados. También pueden legalmente hacerlo en esas otras situaciones de incidencias en el curso del transporte o a la llegada de la mercancía a destino, si las partes contratantes del transporte no logran alcanzar un acuerdo.

Queda fuera del ámbito de actuación de las JAT la materia criminal (por ejemplo, ante una acusación de hurto de la mercancía), también la materia laboral o de trabajo (relación entre la empresa transportista y sus conductores), accidentes de carretera, infracciones administrativas de transporte o de tráfico (sus multas), etc.

Nos centraremos, por su mayor frecuencia, en los casos de controversias derivadas de los contratos de transporte.

4. Competencia de las JAT por razón de la cuantía

La actuación de las Juntas es para los contratantes del transporte siempre voluntaria, pero la Ley establece una presunción de sometimiento o sumisión para los casos de hasta 15000 euros, de la manera siguiente:

a) si la cuantía discutida en la reclamación es igual o inferior a 15000 Euros, los contratantes se someterán a las "Juntas" salvo que hubieren pactado expresamente lo contrario. O sea, en tal caso, acudir ante la Junta competente es obligatorio, y no una alternativa a los Juzgados. No es necesaria la existencia de una cláusula de sumisión. Si el reclamante formula su reclamación ante la Jurisdicción ordinaria, el Juez rechazaría el caso sin entrar a estudiar el fondo del asunto.

b) si la cuantía discutida fuese superior a 15000 Euros, entonces sucede a la inversa: el sometimiento a las Juntas habrá de estar previamente acordado por escrito. Las Juntas en la práctica vienen admitiendo la validez de un acuerdo de sumisión, ante ellas, en cualquier momento del procedimiento (incluso en el acto de la "vista", que es el último trámite, como diremos).

En este segundo grupo de casos -de cuantía en litigio superior a 15000 euros-, al no ser obligatorio, como decimos, la intervención de las JAT, sí podrían las empresas pactar el sistema de arbitraje diseñado por ARTRI, o cualquier otro.

5. Competencia territorial de las JAT

Esta recién referida posibilidad de sumisión a una JAT concreta tiene que ver con la competencia. Pues, a falta de esa sumisión expresa, el reclamante puede elegir entre las Juntas que respectivamente correspondan a:

a) lugar de origen del transporte;
b) lugar de destino del transporte; o
c) lugar de celebración del contrato de transporte.

No rige el criterio general de competencia al Juez correspondiente al domicilio del demandado.

III. CASOS MÁS FRECUENTES DE TRANSPORTE SOMETIDOS A ARBITRAJE

Los conflictos derivados de contratos de transporte que con más frecuencia las JAT estudian y deciden son:

En el transporte de viajeros; por este orden:

* Reclamación por el viajero contra el transportista, debida a pérdida de equipajes o daños en éstos;
* Idem por retrasos en el viaje

En el transporte de mercancías; por este orden:

* Reclamación, por el transportista contra el cargador, de pago del precio del transporte;
* Reclamación, por el cargador contra el transportista de indemnización por daños, pérdidas o retraso en la entrega de sus mercancías.

Son más usuales los casos relativos al transporte de mercancías que al de viajeros, aunque en ambas materias pueden intervenir, como hemos dicho.

La mayoría de reclamaciones prosperan, o sea, en general, las JAT dan la razón al reclamante, y declaran su derecho a ser indemnizado. Siempre que todos los hechos en que se basa la reclamación se encuentren suficientemente probados.

Dr. Francisco Sánchez-Gamborino